Hace pocos días ha asumido el gobierno electo por la mayoría del pueblo argentino encabezado por Javier Milei.

Esta confederación es plenamente consiente de las implicancias sociales políticas y económicas que este hecho implica, y así nos manifestamos oportunamente.

Dicho esto, cabe aclarar que nuestro compromiso con la democracia y la firmeza de nuestras convicciones al respecto, de ninguna manera implica la aceptación de medidas que afectan en forma directa las conquistas gremiales que llevó años conseguir con luchas, y sacrificios, donde numerosos trabajadores y trabajadoras dejaron su vida enfrentando la injusticia y la prepotencia. Las organizaciones gremiales tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros representados mas alla de las circunstancias electorales o partidarias.

Esta comunidad de intereses es la que cimenta nuestro accionar unificado mas allá de las banderías, entre otras cosas porque nos une el trabajo y la defensa de las condiciones en que se realiza.

Lejos de hacer un análisis exhaustivo del decreto presidencial podemos destacar dos aspectos centrales, los relacionados con la forma y los relacionados con el contenido.

En cuanto a la forma en que se pretende modificar 300 leyes con un decreto sin pasar por poder legislativo, queda absolutamente claro que se trata de una metodología antidemocrática y lesiva para el funcionamiento de cualquier país.

La supuesta necesidad, resulta ser la de un sector ínfimo de la sociedad que no es precisamente el más necesitado y la urgencia solo se justifica por demostrar un poder unipersonal en los primeros días de gobierno y evitar el funcionamiento parlamentario, actitud que ya se anticipo en una asunción de espaldas al parlamento.

El contenido de las derogaciones y reemplazos escritas en el decreto resulta tan grave como el punto anterior Extracción de super ganancias y concentración de capitales en cada vez menos manos y empobrecimiento de la mayoría del pueblo.

Todo los capítulos destinados a salud, educación, beneficios sociales y trabajo resultan un compendio de medidas que en todos los casos recortan derechos y empobrecen a todos y todas.

Las obras sociales sindicales se verán afectadas en su esencia solidaria y las prepagas saldrán beneficiadas con la consiguiente discriminación que implica una salud de primera y otra de segunda de acuerdo al poder adquisitivo de cada una.

En relación con el funcionamiento de las organizaciones gremiales, la liberalidad aplicada para desatar las fuerzas del mercado sobre los más débiles parece abandonar el espíritu del gobierno, toda vez que el poder ejecutivo busca obstaculizar el funcionamiento del sistema de representación sindical junto con recortes del derecho a la huelga y la protesta consagrados en nuestra constitución.
De ninguna manera vamos a conceder un tiempo de espera ante medidas que atacan directamente el bienestar y la vida de nuestros compañeros y compañeras.

Es ante esta situación que la CONSITEL, con todas las federaciones que la componen, rechaza la forma y el contenido del decreto presidencial a la vez que insta a todas las organizaciones miembros a poner en marcha en forma inmediata todos los mecanismos estatutarios para ratificar este rechazo, y participar
de todas las acciones posibles para evitar la aplicación de este decreto ANTICONSTITUCIONAL.

Particularmente adherimos a la movilización al palacio de tribunales convocada por la CGT, a la que adhieren la CTA de los trabajadores y la CTA autónoma, a realizarse el próximo Miércoles 27 del corrientes a las 12 hs.

También nos pronunciamos para que a la mayor brevedad se realice una medida de fuerza a nivel nacional buscando el mayor consenso entre las centrales sindicales para lograr la mayor efectividad en nuestro accionar.

Ya no importa quien haya votado a quien, es el momento de cerrar filas y defender nuestros derechos, que ciertamente se ven amenazados.

Como siempre todos juntos lograremos frenar la injusticia y defender la democracia.